La Ley de segunda oportunidad es un mecanismo dirigido a cualquier persona física, ya sea profesional autónomo o no, que no pueda hacer frente a sus deudas, siempre que estas sean inferiores a 5 millones de euros. Además, es requisito indispensable que no tenga ninguna condena de delito contra el patrimonio, el orden socioeconómico o contra los trabajadores en los últimos 10 años.

A través de este procedimiento es posible conseguir una estructuración del pago de la cantidad adeudada, de forma que se llegue a un acuerdo equitativo para acreedores y deudores. 

Generalmente se trata de una exoneración directa de las deudas de derecho privado (bancos, entidades de crédito, proveedores, tarjetas de crédito…) y del 50% de las deudas de carácter público (hacienda, seguridad social…). 

Cualquier deuda que quede tras el procedimiento por créditos de derecho público o por alimentos, se presentará un plan de pagos con un plazo de 5 años. Por lo general, si este plan no es posible cumplirlo también se cancelarán las deudas.

De esta manera, las personas que se hayan acogido a este proceso podrán acceder a su dinero, no estar incluidos en listas de morosos y así poder continuar su actividad laboral para reintegrarse en el circuito económico.